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Según leo en El Periódico, y tal como se comentaba desde hace días, el ex conseller de Governació Joan Carretero ha hecho pública su baja de ERC, presuntamente acompañada de la próxima fundación de un nuevo partido político en torno a Reagrupament.cat, la corriente crítica que ha venido encabezando hasta ahora.

Hasta aquí, un ejemplo más del habitual lanzamiento de platos tan caro a nuestra clase política. La novedad, sin embargo, reside en que el futuro partido de Carretero llevaría en su programa la proclamación unilateral de la independencia de Catalunya, en caso de estar en condiciones de llevarla a cabo.

Es decir, que si Carretero se asomara al balcón de Sant Jaume como presidente de la Generalitat, los catalanes seríamos automáticamente independientes del resto de España, en un gesto que va aún más allá del de Macià en 1931. Interesante propuesta.

No voy a entrar aquí a criticar o defender los postulados carreteriles: mis incondicionales ya saben -y si no, lo reitero-, que todo nacionalismo, sea de aquí o de allí, me me antoja profundamente cansino y reduccionista. Lo que estimo meditable es el análisis de lo que parece un brindis al sol, abordado desde los puntos de vista jurídico y constitucional.

Si Carretero y su hipotética formación ganasen las elecciones catalanas, formando gobierno, significaría que, o bien habrían vencido por mayoría absoluta, o, en su defecto, habrían articulado en torno a sí un respaldo suficiente en el Parlament. De ello se deduciría que el eventual Ejecutivo representaría legítimamente a la mayor parte de los electores de Catalunya, que, se conoce, habrían votado precisamente a una opción que, con ánimo plebiscitario, se habría presentado a los comicios postulando la independencia antes señalada.

¿Qué ocurriría entonces? Como es natural, la declaración catalana no tendría validez alguna: la Constitución impide la secesión unilateral de las Comunidades Autónomas. Nos hallaríamos ante el espinoso caso de que lo decretado en Barcelona sería inmediatamente tumbado desde Madrid, con el consiguiente pifostio asegurado. No quiero ni pensar en posibles acciones represivas al respecto.

Las intenciones de Carretero, a mis ojos, no pasan de ser un envite cara a la galería, conocedor de sus nulas posibilidades de sentarse algún día en el sillón que hoy ocupa Montilla. Lo que sí aconteció realmente, por el contrario, fue el pulso que Ibarretxe lanzó al Gobierno de Zapatero hace un par de años, en base a la reforma del Estatuto vasco tan públicamente abortada en el Congreso estatal. Lo mismo que lo de Carretero me parece una bajanada, como decimos aquí, me dolió que, tras apenas unas pocas horas de debate por imperativo legal -de haber podido, ni le hubieran abierto la puerta de la Carrera de San Jerónimo-, el lehendakari vasco -que no es santo de mi devoción-, volviera a Euskadi con su plan desactivado. Plan, que, recordémoslo, fue refrendado por el Parlamento de Vitoria a través del procedimiento previsto en la actual legislación.

Y es que la madre del cordero reside en que los Estatutos autonómicos, como bien se aseguraron los padres constitucionales, han de aprobarse como Ley Orgánica en el Congreso de los Diputados. Esto es, lo que ha venido de un Parlamento autonómico puede ser botado o cepillado -Guerra dixit- según convenga a la mayoría que controle Madrid. O sea: el que parte y reparte se queda la mejor parte.

Sin defender ciertas veleidades, hago notar el dislate que supone este presupuesto, ya que, en estos casos, la autonomía que quiera poner en práctica efectiva su propuesta, se queda sin otro margen de maniobra que la carreterada: la unilateralidad, siempre fútil, aun sabiendo de la nulidad de la actuación.

Lo lógico, en mi opinión, es que fueran las propias autonomías quienes promulgaran sus Estatutos, en base a la votación de sus Parlamentos. Tendríamos, así, normas plenamente representativas de la voluntad de quienes las promueven -y, lo más importante, de sus electores-.

Antes de que alguien se me lance a la yugular, tranquilizaré diciendo que el control de estos Estatutos díscolos continuaría en manos estatales: en tanto que leyes subordinadas a la Constitución, podrían ser fiscalizadas por el Tribunal Constitucional, llegándose incluso a su desactivación, de ser consideradas contrarias a la Carta Magna. Serían así, razones jurídicas, y no políticas, las que justificarían el portazo a la voluntad de un pueblo, libremente expresada a través de sus representantes.

La cerrazón actual abona aventuras más o menos radicales, lo que demuestra, una vez más, la secular connivencia del sistema político nacional con la teoría de los vasos comunicantes: apretando por aquí, la cosa se encabrita por allá, y viceversa.

Y nosotros en medio.