Después de casi tres años de lenta deliberación y de continuos escarceos tácticos que han dañado su cohesión y han erosionado su prestigio, el Tribunal Constitucional puede estar a punto de emitir sentencia sobre el Estatut de Catalunya, promulgado el 20 de julio del 2006 por el jefe del Estado, rey Juan Carlos, con el siguiente encabezamiento: "Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado, los ciudadanos de Catalunya han ratificado en referéndum y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica". Será la primera vez desde la restauración democrática de 1977 que el Alto Tribunal se pronuncia sobre una ley fundamental refrendada por los electores.La expectación es alta. La expectación es alta y la inquietud no es escasa ante la evidencia de que el Tribunal Constitucional ha sido empujado por los acontecimientos a actuar como una cuarta cámara, confrontada con el Parlament de Catalunya, las Cortes Generales y la voluntad ciudadana libremente expresada en las urnas. Repetimos, se trata de una situación inédita en democracia. Hay, sin embargo, más motivos de preocupación. De los doce magistrados que componen el tribunal, sólo diez podrán emitir sentencia, ya que uno de ellos (Pablo Pérez Tremps) se halla recusado tras una espesa maniobra claramente orientada a modificar los equilibrios del debate, y otro (Roberto García-Calvo) ha fallecido.
De los diez jueces con derecho a voto, cuatro siguen en el cargo después del vencimiento de su mandato, como consecuencia del sórdido desacuerdo entre el Gobierno y la oposición sobre la renovación de un organismo definido recientemente por José Luis Rodríguez Zapatero como el "corazón de la democracia". Un corazón con las válvulas obturadas, ya que sólo la mitad de sus integrantes se hallan hoy libres de percance o de prórroga. Esta es la corte de casación que está a punto de decidir sobre el Estatut de Catalunya. Por respeto al tribunal –un respeto sin duda superior al que en diversas ocasiones este se ha mostrado a sí mismo– no haremos mayor alusión a las causas del retraso en la sentencia.
La definición de Catalunya como nación en el preámbulo del Estatut, con la consiguiente emanación de "símbolos nacionales" (¿acaso no reconoce la Constitución, en su artículo 2, una España integrada por regiones y nacionalidades?); el derecho y el deber de conocer la lengua catalana; la articulación del Poder Judicial en Catalunya, y las relaciones entre el Estado y la Generalitat son, entre otros, los puntos de fricción más evidentes del debate, a tenor de las versiones del mismo, toda vez que una parte significativa del tribunal parece estar optando por posiciones irreductibles. Hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española. Esta podría ser, lamentablemente, la piedra de toque de la sentencia.
No nos confundamos, el dilema real es avance o retroceso; aceptación de la madurez democrática de una España plural, o el bloqueo de esta. No sólo están en juego este o aquel artículo, está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición. Hay motivos serios para la preocupación, ya que podría estar madurando una maniobra para transformar la sentencia sobre el Estatut en un verdadero cerrojazo institucional. Un enroque contrario a la virtud máxima de la Constitución, que no es otra que su carácter abierto e integrador.
El Tribunal Constitucional, por consiguiente, no va a decidir únicamente sobre el pleito interpuesto por el Partido Popular contra una ley orgánica del Estado (un PP que ahora se reaproxima a la sociedad catalana con discursos constructivos y actitudes zalameras). El Alto Tribunal va a decidir sobre la dimensión real del marco de convivencia español, es decir, sobre el más importante legado que los ciudadanos que vivieron y protagonizaron el cambio de régimen a finales de los años setenta transmitirán a las jóvenes generaciones, educadas en libertad, plenamente insertas en la compleja supranacionalidad europea y confrontadas a los retos de una globalización que relativiza las costuras más rígidas del viejo Estado nación. Están en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta años más virtuosos de la historia de España. Y llegados a este punto es imprescindible recordar uno de los principios vertebrales de nuestro sistema jurídico, de raíz romana: Pacta sunt servanda. Lo pactado obliga.
Hay preocupación en Catalunya y es preciso que toda España lo sepa. Hay algo más que preocupación. Hay un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad. Los catalanes pagan sus impuestos (sin privilegio foral); contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más pobre; afrontan la internacionalización económica sin los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado; hablan una lengua con mayor fuelle demográfico que el de varios idiomas oficiales en la Unión Europea, una lengua que en vez de ser amada, resulta sometida tantas veces a obsesivo escrutinio por parte del españolismo oficial, y acatan las leyes, por supuesto, sin renunciar a su pacífica y probada capacidad de aguante cívico. Estos días, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa.
Estamos en vísperas de una resolución muy importante. Esperamos que el Tribunal Constitucional decida atendiendo a las circunstancias específicas del asunto que tiene entre manos –que no es otro que la demanda de mejora del autogobierno de un viejo pueblo europeo–, recordando que no existe la justicia absoluta sino sólo la justicia del caso concreto, razón por la que la virtud jurídica por excelencia es la prudencia. Volvemos a recordarlo: el Estatut es fruto de un doble pacto político sometido a referéndum. Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya actual.
Que nadie yerre el diagnóstico, por muchos que sean los problemas, las desafecciones y los sinsabores. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad. No deseamos presuponer un desenlace negativo y confiamos en la probidad de los jueces, pero nadie que conozca Catalunya pondrá en duda que el reconocimiento de la identidad, la mejora del autogobierno, la obtención de una financiación justa y un salto cualitativo en la gestión de las infraestructuras son y seguirán siendo reclamaciones tenazmente planteadas con un amplísimo apoyo político y social. Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable.
*Por razones elementales de conciencia cívica, no puedo menos que unirme a la sensatez que desprende el editorial conjunto publicado hoy por doce diarios catalanes con motivo del próximo pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el Estatut d'Autonomia de Catalunya. Es mucho lo está en juego, tanto aquí como en Madrid. El texto, arriba reproducido, ha sido auspiciado por los siguientes rotativos: La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, Avui, El Punt, Segre, Diari de Tarragona, La Mañana, Diari de Girona, Regió 7, El Nou 9, Diari de Sabadell y Diari de Terrassa.
Yo tengo una larguísima lista de reclamaciones justas que hacer a las autoridades. Mi problema es que soy una minoría de uno solo.
Además, en mi caso no obligaría a nadie a nada, ya que yo hablo por mi mismo.
Anda, mírate el video de Les Luthiers sobre la independencia de Feudalia.
Un saludo.
Impresionante tu entrada, de verdad,a mí me gustaría añadir algo, pero pienso que está todo dicho y bien dicho. Sólo remarcar unos cuantos puntos claves, a saber:
1/ Los tribunales en España están mediatizados por el poder político, así como los fiscales que dependen del gobierno y se encargan de promover o parar lo que le conviene al gobierno
2/Las diferentes comunidades nacionales de España, lejos de verse como un hecho enriquecedor y digno de conservación, se toman justo por el lado contrario, como algo que toca las narices y que conviene eliminar cuanto antes, para uniformizar el territorio. Esto viene ser algo así como: una lengua, una bandera y un modo de pensar. Es un Todo por la Patria poco amistoso, y son tan torpes que no se dan cuenta que en vez de unir, sólo consiguen separar.
3/ Los pueblos tienen pleno derecho a elegir democráticamente su futuro, aunque fastidie. Si quieren conservar territorios con conciencia de comunidad diferenciada, lo mejor que pueden hacer es dialogar, respetar sus derechos, y no agredirlos. Estas cosas no son nada más que procesos históricos repetidos hasta mil veces, por ese motivo existen los atlas históricos. Hay una tendencia natural, en la historia europea, que la que los pueblos con identidad propia crean estados que los representan como comunidad, y hay otra tendencia que busca crear estados supranacionales, me ahorraré los ejemplos, pero todos tienen en común su fracaso.
Enhorabuena por el artículo, y un saludo.
*Pablo, realmente, en la sociedad catalana existe un gran hartazgo respecto al papel que se nos adjudica, y el tema del Estatut es sólo un ejemplo. Te aseguro que soy de todo menos radical, pero, jurídicamente, me sentí insultado cuando el PP se atrevió a llevar al Constitucional el texto.
Que alguien recurra una ley que ha sido validada nada menos que tres veces por la soberanía popular o sus representantes es poco menos que insólito. Como ves, no ha ocurrido jamás, y hablamos de un redactado que fue aprobado -"sepillao y afeitao", como dijo Alfonso Guerra- por el Congreso nacional.
El recurso no sirvió más que para, una vez más, echarnos al país encima, amén que me parece astracanante que se ponga el grito en el cielo por una definición -la de nación- que está en el Preámbulo, que, como sabes, no tiene valor normativo alguno -por lo que no puede, tampoco, resultar lesivo para nadie-.
Te aseguro que mucha gente, al final, vamos a pedir bajarnos en la próxima si esto sigue así. Y mete en este saco, si quieres, a mi padre, que es de Almería, tiene 76 años, vive en Barcelona desde hace casi 50, y encima ni siquiera habla catalán -individuo peligrosísimo, como puede verse-.
Ya está bien.
*Jorge, gracias por tu apoyo. Te doy la razón en todo, porque la tienes.
Por encima de la "soberanía popular" está la ley.
No se debe presionar de esta forma a un tribunal, menos aún si la presión viene de una autoridad pública.
Y estoy de acuerdo en que desde el centro hay un profundo desconocimiento sobre lo que algunos llaman folclore -soy gallego-. Y esto hace que la configuración del estado siempre sea un tema de debate político cuando realmente debiera ser lo primero en estar superado.
Pero recordemos también que en el juego de la cuerda, son dos lados los que tiran.
Al margen de que sean no pocos los que siguen ignorando (y tan felices de hacerlo) que la riqueza de España reside precisamente en su pluralidad; en que se hablen más de una docena de lenguas diferentes y las culturas difieran tanto como la canaria de la asturiana. Al margen de eso, tan elemental, esta editorial suena a presión institucional. Conste que soy favorable al nuevo estatuto de Cataluña y que considero a cada una de las 17 autonomía de este país como una nación. Conste que la última vez que estuve en Barcelona, tomando una cerveza con dos amigos catalanes, les propuse que hablasen en catalán entre ellos sin que yo me sintiese excluido por ello. Cosa que no hicieron por respeto a mí. No es que sienta que en Cataluña (lo escribo en castellano) me sienta como en casa. Es que en Cataluña estoy en casa. No entiendo estas guerrillas subterraneas que tienen como única finalidad cercenar el camino ya andado. No entiendo el conflicto cuando es tanto lo que nos une. Hay docenas de leyes catalanas que discriminan al resto de ciudadanos españoles (la ley lingüistica). Y aunque estoy en contra de toda discriminación positiva, encuentro lógica a la ley en consideración al unos valores culturales del mismo modo que veo lógica al encontronazo político por el arrinconamiento del estatuto. Pero no así. La uniformidad mediatica y la búsqueda del "enemigo exterior" me produce pavor.
Bueno, Pablo, está bien que no se deba presionar a los tribunales, en eso estamos todos de acuerdo. Lo que tendrás que intentar explicar es la razón por la que los medios no pueden presionar a los tribunales y, los políticos, en cambio, no solamente pueden presionarlos, sino influir decisivamente en el resultado de las sentencias. Como tú tienes la suficiente formación, no desconocerás como se forma el Tribunal Constitucional, ¿verdad?, y una vez que sabemos como se forma el Tribunal Constitucional, ya tenemos el folklore montado, porque no vale eso de jugar partidos en los que no sólo el árbitro le debe el puesto al presidente del equipo de casa, los linieres son puestos por los aspirantes a presidentes del equipo de casa, también, y el Comité de Apelación, y el de Disciplina Deportiva, todos siguen reglas semejantes. La pregunta es, entonces, cuál es el papel del equipo visitante, ¿no?.
Todos sabemos que estamos jugando partidas marcadas, y eso de que hay que tener respeto a las decisiones de los tribunales, también lo suele decir, en los partidos de fútbol, el presidente del equipo ganador, ése que ha comprado antes a los árbitros. Y una cosa es que te tomen el pelo y lo sepas, y otra eso de comulgar con ruedas de molino harinero.
Saludos
*Pablo, doctrinalmente, la cuestión que planteas es interesante, aunque me permito discrepar. La soberanía popular es, en democracia, el poder originario del Estado, del cual derivan todos los demás. Las leyes, en consecuencia, son la manifestación de un poder subsidiario -el legislativo- que siempre -recordemos- ha de emanar del pueblo, a través de sus representantes.
Cuando una ley contradice el principio de soberanía popular -cosa que puede ocurrir, cuando se legisla en contra de la voluntad mayoritaria-, lógicamente, sigue siendo válida, pero es manifestación palpable de que hay algo que falla en el sistema.
Nadie discute el derecho del PP o de quien sea a llevar una ley al TC. Ocurre, sin embargo, que hablamos de una ley orgánica refrendada, además, en referéndum, lo que, en cierto modo, equivale -de ser la sentencia negativa- a anular mi voto y el de algún que otro millón de personas. Cosa difícilmente explicable.
El TC está -como deberían estar todos los juzgados, sea cual sea su rango- para dirimir cuestiones jurídicas, no políticas. Y creo que estarás de acuerdo en que el recurso presentado se basa en motivos puramente políticos -ya te digo que jurídicamente es un despropósito recurrir un preámbulo, a mi modo de ver-. Esto lo veo yo, lo ves tú y lo ve cualquiera, otra cosa es que se reconozca.
La propia composición del TC ya contiene un pecado original, al derivar de la voluntad de los partidos políticos. E insisto: política y judicatura hacen mal matrimonio.
*Álex, en Catalunya estás en tu casa, como no podía ser de otro modo. Te encontrarás bastantes gilipollas, pero no más que en cualquier otro lado.
El tema lingüístico es conflictivo, pero no tanto como quiere hacerse ver. Es cierto que donde yo vivo -provincia de Girona, probablemente la parte más nacionalista de Catalunya-, habrá quien te mire mal si te oye hablar en castellano. No es menos cierto que en la periferia de Barcelona -donde he vivido 28 años de mi vida-, serás mal mirado si, por el contrario, hablas catalán. Si te sirve mi corta experiencia, te diré que en mi barrio badalonés se han celebrado por las calles las victorias del Real Madrid al grito de "al bote, al bote, polaco el que no bote". Y los que botaban eran tan polacos como yo, porque han nacido y viven en Catalunya. En fin...
Que Catalunya es una sociedad compleja no lo niega nadie. Que ciertos temas son delicados, tampoco. Pero claro, de ahí a decir que se persigue a quien habla en castellano como si fuera un apestado, que hay "informadores" en las esquinas, en fin...
Yo, como ves, me expreso en castellano, porque es mi lengua materna. Hablo en castellano a quien me habla en castellano y catalán a quien me habla en catalán. Soy bilingüe, y para mí es un orgullo. Cortapisar cualquiera de las dos lenguas es de mentecatos, que los hay, y en las dos partes.
De todos modos, sólo basta con ir a un quiosco de Barcelona para ver el tremendo peligro de extinción del castellano: el 98% de lo que allí encuentres está en castellano. Quien quiera leer en catalán, sólo tiene algunos periódicos y creo que un diario deportivo. Si te gustan los coches, las revistas del corazón, de motos, de cine, de punto de cruz, no hay absolutamente nada.
Rizando el rizo: el otro día, en Andorra, una clienta preguntaba a una empleada de un hipermercado si tenían DVDs en catalán. La empleada le contestó que no, que rarísimamente llegaba alguno. Si quería algo, en castellano. Y hablamos de un Estado en el que el catalán es la única lengua oficial. La única, y no hay nada en el idioma del país. Para qué contarte lo que ocurre de Pirineos para abajo.
Hay quien habla hasta de que nos estamos balcanizando. Déu meu. ¿Balcanizando? ¿Cómo se supone que atacaríamos al resto del país? ¿A pedradas? ¿A escupitajos? Creo que convendrás que el Ejército del que dispone Montilla es más bien inexistente.
En fin, para qué seguir. No nos conocemos personalmente, pero hace tiempo que nos leemos -con estima que me consta es correspondida- y sabemos que ni tú ni yo tenemos nada de radicales. Las cosas como son.
*Jorge, no me voy a extender porque opino -una vez más- lo mismo que tú. Has dado donde le duele.
Saludos a los tres. Es un placer contar con vosotros en este humilde panfleto :)